El Consejo de Ministros Españoles ha dado luz verde hoy a un anteproyecto para modificar la ley de 2007 para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. La modificación está motivada por la nueva legislación europea en materia de protección de los animales de experimentación y otros fines científicos. Se amplía el ámbito de aplicación de las actuales normas de protección, que ahora solo se aplicaban a animales vertebrados, de forma que se extiendan a determinados invertebrados, como los cefalópodos, y a determinadas formas fetales de los mamíferos.
También se amplía la lista de especies que no podrán destinarse a la experimentación científica, e incluye en ella a todas las especies amenazadas y a los grandes simios. Recoge que los animales sólo deben ser utilizados para la experimentación cuando no existan alternativas, y que cuando se recurra a ellos, habrá de hacerse causándoles el menor daño posible y garantizando que reciben los cuidados pertinentes. Habrá normas de actuación de las administraciones competentes, para autorizar los proyectos de experimentación u otros fines científicos en los que se utilicen animales.
El anteproyecto recoge también la posibilidad de practicar la eutanasia para evitar el sufrimiento animal siempre que esté justificado. Los proyectos de investigación que utilicen animales deberán hacer público qué y cuantos animales se utilizan, los posibles daños que puedan causar y explicar que está justificado en base al objetivo que se pretende conseguir. Se fijan también disposiciones específicas para regular cómo debe entenderse el silencio administrativo cuando se solicite dicha autorización.
Tras la reunión del Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que esta reforma legislativa supone "un paso importante para asegurar la máxima protección de los animales", y se ha referido, concretamente, a la experimentación científica, donde "siempre que sea posible -ha incidido- habrá que recurrir a alternativas".
El anteproyecto de Ley, que ha sido elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), tratará, en definitiva, de "buscar un equilibrio entre el bienestar animal y la actividad investigadora".
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